El 12 de diciembre, Joan Laporta se presentó como testigo en el caso Negreira, un momento crucial en la investigación que lleva más de dos años. La jueza Alejandra Gil está a cargo del proceso que investiga los pagos de más de 7,3 millones de euros realizados por el FC Barcelona a José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018. Durante su declaración, Laporta afirmó no haber conocido personalmente a Negreira ni a su hijo, y explicó que los pagos eran herencia de administraciones anteriores, mantenidos por recomendación del área deportiva para obtener informes técnicos sobre árbitros.
Laporta destacó que el club había encontrado aproximadamente 629 informes relacionados con estos pagos en el fondo de un armario, aunque solo se referían a la época posterior a 2014. Aseguró que no existían documentos sobre temporadas anteriores porque, según él, los archivos del club se destruyen cada cinco años. Además, defendió que el Barça nunca recibió favores arbitrales, afirmando que “no nos ayudaron en absoluto” y que los pagos no tenían la intención de influir en los resultados de los partidos. Sin embargo, su testimonio dejó muchas preguntas sin respuesta.
Una defensa cuestionable
La declaración de Laporta era muy esperada, ya que debía responder a todas las preguntas planteadas por la acusación y el Ministerio Público bajo riesgo de ser condenado por falso testimonio. No obstante, no explicó por qué el club aceptó en 2021 un acuerdo con la administración fiscal que calificaba esos pagos como «liberalidades», un término asociado a regalos o gratificaciones no justificadas. Además, omitió aclarar por qué algunos informes técnicos contenían información privada sobre árbitros, algo difícil de obtener sin conexiones internas dentro del organismo arbitral.
El impacto del testimonio de Javier Enríquez
Laporta mantuvo una línea de defensa similar a la presentada en abril de 2023, cuando mostró documentos como prueba de que los pagos eran legítimos. Sin embargo, esta defensa perdió credibilidad tras el testimonio del hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero. Este último reveló que había redactado informes para el Barça entre 2013 y 2018 por un monto modesto de 70,000 euros anuales, muy inferior a los millones recibidos por su padre. Javier negó que los pagos masivos estuvieran justificados por sus servicios y minimizó su papel en la situación.
La defensa incoherente de Laporta podría estar marcando el fin de las esperanzas del FC Barcelona para evitar una condena penal. Luis Enrique y Ernesto Valverde, quienes también testificaron telemáticamente ese día, afirmaron no haber visto ni utilizado esos informes. La ley española exige demostrar la intención corrupta detrás de cualquier infracción relacionada con la corrupción deportiva; así que no es necesario probar que los pagos alteraron efectivamente la competición.
La falta de credibilidad en la defensa presentada por Laporta y otros elementos ya establecidos podrían ser suficientes para llevar al FC Barcelona a una condena. Según varios expertos legales en España, las declaraciones contradictorias sumadas a las evidencias presentadas son elementos que podrían resultar decisivos en este caso. ¿Podrá el Barcelona evadir una condena ante estas circunstancias tan complicadas?
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